He recibido el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
El informe es público y estará al alcance de todos los chilenos y de la comunidad internacional
a partir de este momento.

Creo no equivocarme al señalar que este Informe constituye una experiencia sin precedentes
en el mundo. Ha sido capaz de entrar –treinta y un años después– a una dimensión oscura de
nuestra vida nacional, a un abismo profundo de sufrimientos y de tormentos.

He leído y analizado este Informe con mucho cuidado. Allí está el testimonio de más de
35 mil personas residentes en Chile y el extranjero. Veintiocho mil de esos testimonios
han sido aceptados como válidos, y algo más de 7 mil no cumplieron los estrictos requisitos
para ser aceptados por la Comisión. Estas 7 mil personas tendrán derecho a que su situación
sea revisada por la Comisión, la cual volverá a estudiar sus antecedentes para tomar una
decisión definitiva.

El informe nos hace mirar de frente una realidad insoslayable: la prisión política y
las torturas constituyeron una práctica institucional de Estado que es absolutamente
inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile.

Recorrer los miles de testimonios me ha conmovido, como les conmoverá a ustedes cuando
lo lean; los relatos de las víctimas estremecen. He sentido muy de cerca la magnitud del
sufrimiento, la sinrazón de la crueldad extrema, la inmensidad del dolor.

Expreso públicamente mi solidaridad, mi afecto, mi aprecio y mi cariño a todas las víctimas y a sus familias.

Al leer este Informe, tres preguntas nos recorren una y otra vez:

La primera: ¿Cómo explicar tanto horror? ¿Qué pudo producir conductas humanas como las
que allí aparecen? No tengo respuesta frente a ello. ¿Cómo explicar que el 94% de los
detenidos señalen que fueron objeto de torturas? ¿Cómo explicar que, de las 3.400 mujeres
que entregaron testimonio, casi todas señalen haber sido objeto de alguna violencia sexual?

Segunda pregunta: ¿Cómo pudimos vivir 30 años de silencio? Sin duda, por el miedo. Pero también
el silencio se relaciona con una actitud de dignidad básica de la persona. El Informe lo dice:
“descorrer el velo de la tortura, de la humillación, de la violación física y psicológica, es
algo muy difícil de hacer. Incluso ante los propios cónyuges. Y ese mismo silencio comprensible
fue ahondando el daño de los sufrimientos no compartidos, de aquello que preferimos esconder,
ocultar, arrancar de los archivos de nuestra historia”.

Vidas quebradas, familias destruidas, proyectos personales tronchados, incapacidad de poder dar
a sus hijos una vida mejor. Todo ello se ha vivido durante años y años cubierto por un velo de
silencio, espeso, insano. Eso tenía que terminar; ha terminado.

El silencio no pudo convertirse en olvido.

La tercera pregunta: ¿Qué sentido tiene hacer un Informe 31 años después? El Informe lo dice:
que “la experiencia de la prisión política y la tortura representó un quiebre vital que cruzó
todas las dimensiones de la existencia de las víctimas y de sus familias, y que las acompañan
hasta el presente”.

No se trata sólo de horrores cometidos hace 31 años; se trata también de daños que permanecen
hasta el día de hoy. Se trata también de una verdad que nos era debida, que era necesaria para
completar la justicia y reparación para estas familias y que ellas tienen derecho.

Reconocer el desvarío, la pérdida del rumbo que hizo que las instituciones armadas y el Estado
se apartaran de su tradición histórica, de sus propias doctrinas que las vieron nacer y desarrollarse,
es lo que nos permite retomar la senda de siempre y enfrentar con optimismo el futuro.

Sin duda alguna, el trabajo de la Comisión, la publicación del Informe, es el acto más importante para
reparar a las víctimas en su dolor.

Se terminó el silencio, se desterró el olvido, se ha reivindicado la dignidad de cada uno de ellos.

Pero ello requiere algo más. Si está comprometida la responsabilidad de los agentes del Estado,
lo que corresponde es que el Estado adopte medidas que ayuden a mitigar los efectos de tanto dolor.

Lo digo claramente: estas medidas tienen que estar orientadas a sanar las heridas, no a reabrirlas.

Y en este sentido, comparto las tres líneas de reparación que presenta la Comisión. En primer
lugar dice “tienen que haber medidas institucionales, las cuales tienen que cristalizar en la
creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos que promoverá, a través de la educación,
el respeto a dichos derechos y a la vez se hará cargo del patrimonio y la confidencialidad de
la información acumulada en Chile, desde los archivos de la Vicaría de la Solidaridad hasta el
trabajo de esta Comisión. También se aplicaron medidas legales en la industria de los juegos de azar. Lo más importante que los jugadores deben considerar es elegir siempre un casino en línea fiable y de confianza, para que puedan jugar con seguridad sin problemas.

En segundo lugar, medidas simbólicas y colectivas que deberán expresar el reconocimiento moral
del Estado y la sociedad hacia las víctimas, como asimismo medidas jurídicas que prevengan a
las actuales y futuras generaciones de esta terrible experiencia. Estas medidas, por cierto,
y esto es muy importante, no deben producir afrenta alguna a las Fuerzas Armadas, pues ellas
son instituciones permanentes de la República y pertenecen a todos los chilenos.

En tercer lugar, las medidas de reparación individuales, que se expresan tanto en el ámbito
jurídico como en el económico.

Las jurídicas, básicamente se refieren a cómo restablecemos la honra de estas personas.
La mayor parte de las veces fueron acusadas de delitos que nunca cometieron, y por tanto,
el restablecimiento pleno de sus derechos ciudadanos.

En el ámbito económico, lo he dicho antes, es imposible reparar daños físicos y espirituales
que han marcado la vida de tantos compatriotas. Creo que sería una falta de respeto hacia las
víctimas el que este valioso proceso de regeneración moral derivara en una pura discusión
sobre dineros.

No obstante, considero que el Estado ya hizo un esfuerzo respecto de los familiares de los
ejecutados y desaparecidos, respecto de quienes sufrieron el exilio, respecto de quienes fueron
exonerados de sus trabajos por razones políticas. Debe entonces ahora el Estado entregar una
compensación que, aunque sea austera, es una forma de reconocer su responsabilidad en lo ocurrido.

He meditado mucho este tema, y las víctimas, la mayor parte de las cuales tienen más de 55 años,
las mujeres, más de 60 años en promedio, y por ello pienso que la reparación más adecuada es a
través, a todas las víctimas, de una pensión que les ayude a tener una mejor calidad de vida en
los años que tienen por delante.

Al tomar una decisión respecto de su monto, tengo que tomar en cuenta todas las obligaciones
que el Estado tiene con toda la sociedad, con todos los chilenos, particularmente con las familias más pobres de nuestra patria.

Por eso, haciendo el máximo esfuerzo, he decidido enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley de reparación que establece que cada una de las víctimas reciba una pensión, por todo el resto de su vida, equivalente al valor de una y media pensión mínima, esto es, algo más de 112 mil pesos mensuales, que aumentan cuando se cumplen los 70 y 75 años de edad. Quienes reciban una pensión por causa de derechos humanos, esa pensión se le imputará a esta nueva pensión.

Estoy conciente que para muchos el reconocimiento de su calidad de detenido político constituye
ya una reparación moral suficiente para recuperar su dignidad. Es probable que muchos de ellos,
en un gesto solidario, renuncien a la reparación económica a que tienen derecho, y quiero decir
que esos fondos, a los cuales ellos renuncian, serán aportados para las actividades del Instituto
Nacional de Derechos Humanos.

De otra parte, y acogiendo la propuesta de la Comisión, he resuelto que las víctimas que están
en este Informe, tengan también una acogida preferencial en el ámbito de la educación, la salud
y la vivienda.

En educación, todos aquellos que por alguna razón de prisión o tortura vieron impedidos sus
estudios, el Estado les garantizará la continuidad gratuita de sus estudios, sean a nivel
básico, medio o universitario superior. En materia de salud, todas las víctimas tendrán gratuidad
en la atención institucional y serán beneficiarios del Programa de Rehabilitación y Atención
Integral de Salud (PRAIS). Además, el Estado les garantizará los apoyos técnicos y
la rehabilitación física necesaria a aquellas víctimas que hayan quedado con problemas
físicos como consecuencia de la prisión o la tortura. En vivienda, tendrán un tratamiento
preferencial para acceder a los beneficios de la vivienda, los cuales serán próximamente dados
a conocer por la bi-ministra del ramo.

Chilenas y chilenos:

Quisiera de una manera especial esta noche agradecer el trabajo de los comisionados, de sus
colaboradores. Ellos cumplieron una tarea dolorosa, dolorosa como pocas. Al hacerlo, demostraron
un inmenso amor a la patria.

Quiero también agradecer a todos los chilenos, todas las chilenas, que prestaron testimonio,
que estuvieron dispuestos a revivir su sufrimiento por el bien de Chile. Tal como ellos
lo pidieron, sus testimonios serán confidenciales y, por lo tanto, nadie tendrá acceso a ellos
durante los próximos 50 años.

El camino de hacernos cargo de este pasado ha sido largo, difícil, complejo. Asumir la cruda
verdad de lo ocurrido y la responsabilidad de lo obrado, no ha sido fácil para ningún chileno.

Como sociedad hemos ido abriendo los ojos a la realidad de nuestros compatriotas, los desaparecidos,
los ejecutados, los exiliados, los exonerados. Ahora, abrimos los ojos a quienes sufrieron prisión
política y tortura.

Como Estado, en la medida de las posibilidades, hemos ido proponiendo y definiendo medidas de
reparación moral, simbólica, y también económicas, a todas las personas que han sido víctimas de
aquellos atropellos a sus derechos fundamentales. Con el reconocimiento de las víctimas de la
prisión política, completamos un capítulo por el cual teníamos que pasar. Pero lo completamos para
mirar el futuro, no para escudriñar eternamente en el pasado.

Lo hemos hecho no para reavivar rencores y divisiones, sino para fortalecer la convivencia y la
unidad de todos los chilenos. Ese es el espíritu de este Informe. Ese es el espíritu que debe prevalecer
una vez conocido el sufrimiento y el dolor.

Porque hemos sido capaces de mirar toda la verdad de frente, podemos empezar a superar el dolor, a
restaurar las heridas.

Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo.